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El Partido Popular de Castalla prefiere debatir sobre el conflicto educativo en redes, en vez de hacerlo en el pleno del ayuntamiento, que es lo que tocaba. A lo mejor es que en el cara a cara se le podían haber acabado los argumentos dictados desde la Conselleria de Educación. Nunca en un pleno se había rechazado debatir una moción extraordinaria.
La moción fue presentada fuera de plazo porque nadie esperaba que el conseller fuera un negado para la negociación, sea por mala fe o por desconocimiento de estos asuntos, que deberían ser de su competencia. Dice también el PP de Castalla que la moción presentada por el grupo socialista es partidista; no señor, la moción obedece a que docentes y familias están hartas y, por si los populares no lo saben, las huelgas las convocan los sindicatos, no un partido.
El esfuerzo que están haciendo los docentes (van por la tercera semana de huelga, tres semanas que no van a cobrar, a una media de 150€ al día) no merece la «solidaridad» de palabra del Sr. Alcalde, mero postureo para quedar bien, sino hechos, un apoyo institucional desde el Ayuntamiento para que se negocie de verdad.
Intentar reducir este conflicto a una cuestión salarial es una manera de no hablar de la educación pública.
Cuando un docente reclama menos alumnos por aula, no está pidiendo un privilegio. Está pidiendo poder atender mejor a cada niño y cada niña. En 2012 el PP aumentó la ratio de alumnado por aula. En 2016, el Consell presidido por Ximo Puig aprobó la reducción de esas ratios: 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato,
Cuando se reclama menos burocracia, no se pide trabajar menos. Se pide dedicar más tiempo a enseñar, orientar, acompañar y coordinarse.
Cuando se reclaman más recursos para la inclusión, no se habla de una mejora corporativa. Se habla del alumnado que más apoyo necesita.
Y cuando se reclaman infraestructuras dignas, estamos hablando de colegios e institutos en condiciones adecuadas para aprender y convivir. Y el anterior gobierno valenciano, el del Botànic, invirtió en infraestructuras, ahí tenemos el colegio de La Llauria, por ejemplo.
Claro que hay una reivindicación retributiva. Y hay que abordarla. Pero quien reduce todo esto al sueldo del profesorado está caricaturizando un problema mucho más amplio.
Un problema que ni el PP ni Vox quieren entender y menos solucionar.

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